CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La aplicación de la ley de inmigración en México está cada vez más militarizada, y las fuerzas armadas y la Guardia Nacional ahora representan más detenciones de inmigrantes que agentes de inmigración, según un informe publicado el martes por seis ONG.

Los grupos de defensa de los derechos humanos y la inmigración, incluida la Fundación para la Justicia y la Nación para la Democracia y el Estado de Derecho, dicen que muchas de las detenciones también son arbitrarias, basadas en perfiles raciales y han dado lugar a abusos.

Se supone que las fuerzas armadas solo apoyan el trabajo de los agentes de inmigración, pero estos grupos descubren que ahora son responsables de la mayoría de las detenciones.

Entre junio de 2019 y diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional detuvieron a más de 152.000 migrantes solo en la frontera sur de México, según una solicitud de información pública del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Durante el mismo período, el Ministerio del Interior informó que 190.000 migrantes fueron remitidos a las autoridades de inmigración.

México ha comenzado a aumentar su dependencia de las fuerzas armadas, pero se ha acelerado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, según el informe. En 2019, bajo la presión del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, López Obrador desplegó la recién formada Guardia Nacional, un ejército teóricamente civil pero bajo el control de las fuerzas de seguridad.

En ese momento, las ONG y las Naciones Unidas expresaron su preocupación de que un cambio hacia una aplicación de la ley más militarizada conduciría a abusos. Incluso la dirección del Instituto Nacional de Migración ha cambiado, reemplazando a un sociólogo con educación en inmigración por el director de una prisión mexicana. Algunos militares retirados han sido designados para dirigir las al menos ocho oficinas estatales del instituto.

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Los inmigrantes afrodescendientes, especialmente las mujeres, han sido objeto de abusos que incluyen discriminación, extorsión y abuso sexual, según el informe. Los grupos involucrados en el informe han presentado demandas en algunos de esos casos.

Un problema particular son los puestos de control móviles a lo largo de las carreteras, que la Corte Suprema acaba de declarar inconstitucionales la semana pasada porque conducen a la discriminación racial.

En agosto pasado, el secretario de Defensa, Luis Crecencio Sandoval, dijo que el principal objetivo del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional es “detener toda inmigración” y “cubrir con soldados las fronteras norte y sur”.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que centrarse en la frontera sur de México y el estrecho istmo directamente arriba “es la clave para resolver el problema del flujo de migrantes que enfrentamos en este momento”, y señaló que es más fácil controlar un 3,000- frontera de pies cuadrados que toda la frontera entre EE. UU. y México Más de 300 kilómetros (186 millas) de largo.