En junio del año pasado, la reconocida actriz Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr., se vieron envueltos en un escándalo de alzamiento de bienes que ha causado conmoción en el mundo del espectáculo. La Fiscalía los acusó de llevar a cabo operaciones financieras fraudulentas, transfiriendo sus activos a nombre de familiares, incluidos sus propios hijos y una hermana.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía para reducir la pena, Bárbara Rey aceptó casi dos años de cárcel por eludir el pago de una considerable suma de dinero. Por su parte, sus hijos y otros implicados en el caso acordaron un año de prisión por cooperar en el delito. A pesar de las acusaciones, Bárbara Rey decidió reconocer su culpabilidad, aceptando una pena de 18 meses de cárcel y una multa económica, exculpando así a sus hijos de cualquier responsabilidad.

Estas acusaciones surgieron en 2011, cuando se descubrieron irregularidades en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Este escándalo ha dejado en evidencia la compleja red de evasión fiscal en la que se vieron involucrados Bárbara Rey y sus allegados, generando un gran revuelo mediático. La justicia ha sido implacable en este caso, demostrando que la ley está por encima de cualquier estatus social o mediático.

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