El ministro Jorge Fernández Díaz hizo del combate al nacionalismo catalán la prioridad del Ministerio del Interior, según se reveló en una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Durante los siguientes años, la Policía se convirtió en una fábrica de expedientes sobre políticos catalanes, investigando sus cuentas y las de sus familias, sin ningún tipo de control judicial y al margen de la ley.

Los documentos recabados por esta investigación demuestran que Eugenio Pino, mano derecha del ministro, canalizaba información hacia el despacho de Fernández Díaz y los más sensibles se enviaban al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Toda esta información se registraba en el fichero GATI, una base de datos del Grupo de Análisis y Tratamiento de Información de la Policía.

Estos expedientes mencionaban todo tipo de movimientos de cargos nacionalistas y sus familias, alertando sobre posibles tramas de corrupción o financiación irregular. Entre los políticos investigados se mencionan a Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont y Josep Lluís Trapero. Además, también se incluían acusaciones contra la Sagrada Familia y supuestas relaciones de protección a la familia Jorodovich en temas de tráfico de drogas.

En los documentos también se menciona la falsa acusación de una comisión de 90 millones de euros pagada por la empresa Acciona a Artur Mas, así como una supuesta compra de una colección de arte por parte de Carles Puigdemont con dinero de la empresa de aguas municipal.En ambos casos, las investigaciones fueron archivadas y se descartaron cualquier delito de corrupción.

Sin embargo, las grabaciones de una reunión entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso revelaron estas maniobras y la implicación del presidente Rajoy. Ante las críticas, Fernández Díaz restó importancia a la falta de pruebas, afirmando que “La Fiscalía te lo afina”. Estos hechos han generado un fuerte revuelo político en Cataluña y han puesto en entredicho la imparcialidad de las instituciones españolas.