Nadia Calviño, vicepresidenta económica, este miércoles durante la sesión de control gubernamental en el Congreso.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica, este miércoles durante la sesión de control gubernamental en el Congreso.Ballesteros / EFE

La crisis del coronavirus ha causado diferentes efectos dominó. Nada pareció cambiar a medida que el virus se centró en China, pero desde que salió de Asia, los gobiernos han estado copiando las medidas que estaban tomando. Confinamiento de la población, cuarentenas obligatorias, cierre de fronteras, ayuda e inversión pública … Ahora, en medio de la escalada, algo similar está sucediendo con la creciente importancia de los grupos de expertos. Los gobiernos de Francia e Italia han creado comités de sabios. También el español, que acaba de firmar 100 economistas de élite para diseñar el fue postcovid. La última en unirse a esta fiebre es la vicepresidenta Nadia Calviño, quien inauguró el lunes el grupo encargado de preparar una Carta de Derechos Digitales.

El grupo de trabajo encargado por Calviño tiene la tarea de detectar fallas regulatorias en el entorno digital. “Es esencial reflejar los temas que necesitan más recursos, crear estándares, actualizar otros o incluso reinterpretar lo que ya existe”, defiende Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de usuarios de Internet y profesora de Derecho en Icade. Ella repite en el grupo, porque ya era parte de un comité similar en 2017. Luego, incluso se escribió un libro blanco, pero la moción de censura y el cambio de gobierno detuvieron todo. Aunque la ahora vicepresidenta de Asuntos Económicos siempre expresó su intención de retomarla.

Al crear estos grupos, los gobiernos buscan ayuda para priorizar prioridades en asuntos que se han deteriorado durante la crisis. Algunos ya han llegado con notables deficiencias. Esta función vital de priorización lleva a otra teoría, la del efecto del ventilador, que dice que cuanta más información tenga sobre algo, más tiempo le llevará encontrar una solución. Pero los expertos no solo acumulan datos, sino que los ordenan y priorizan. De ahí su papel fundamental.

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La elaboración de una Declaración de Derechos Digitales se produce en un entorno digital con mucho más peso que hace años. Profesionalmente por auge del teletrabajo, un salvavidas para innumerables empresas, y empleados, que han logrado superar la pandemia. La importancia de la tecnología también se ha multiplicado en la vida privada: desde interactuar con el banco o hacer compras hasta mantener relaciones sociales entre familiares y amigos durante el confinamiento.

En este contexto, la protección anticuada de los derechos fundamentales en Internet se ha hecho evidente, ya que la tecnología cambia mucho más rápido que la regulación. Los usuarios corren el riesgo de caer en situaciones de vulnerabilidad y sin las garantías que los protegen. “La evolución tecnológica es diaria y el objetivo es actualizar las cuestiones de derecho a la realidad actual. Las personas deben tener la misma seguridad y protección en el entorno digital ”, explican los portavoces del Secretario de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que promueve la iniciativa.

El objetivo del grupo, explicar las fuentes del ministerio y los miembros del comité, es proteger a los usuarios más vulnerables. El grupo está compuesto por 17 expertos (juristas, profesores de derecho, empresarios, profesores) que se reunirán varias veces en los próximos meses. Al mismo tiempo, se promoverá un proceso de participación ciudadana para que cualquiera pueda aportar su punto de vista y sus preocupaciones. La idea, según fuentes del ministerio, es que la carta se pueda completar en el otoño o el invierno de este año. “Somos cautelosos. La intención es que se haga lo antes posible, pero sobre todo que se haga bien”, justifican.

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El gran temor en torno a estas iniciativas es siempre que las conclusiones se guarden en un cajón. Varios de los llamados al grupo de trabajo enfatizaron evitar precisamente esto. “La clave es lograr un sistema de garantía efectivo. Eso es lo que servirá para garantizar que el texto no se deje en papel mojado ”, argumenta Moisés Barrio, abogado del Consejo de Estado. “Era evidente que el vicepresidente había llevado a cabo un análisis exhaustivo de los desafíos necesarios. No tuvo un discurso vacío, está comprometida y preocupada ”, agrega.

El grupo acaba de comenzar a trabajar y todavía hay tiempo para satisfacer las necesidades del entorno digital. Pero varios oradores consultados resumen los puntos principales. “Lo más importante es centrarse en las garantías, lo que podría lograrse con una jurisdicción especializada en Internet que resuelva los casos de forma rápida y ágil”, explica Barrio. Aunque en este punto hay diferencias entre los expertos. En el caso de Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, lo importante vendrá más adelante: la política que promueve e implementa lo que sale del comité. Fuentes del ministerio insisten en que la carta será la base de los cambios que se desarrollarán. Eso espera al grupo de sabios.