El PSOE denuncia la injerencia de los jueces en casos relacionados con la Ley de Amnistía. Aseguran que los jueces actúan según los movimientos del poder legislativo, lo cual consideran preocupante. Se refieren al caso del juez del caso Volhov, quien ha afirmado que Puigdemont tuvo relaciones cercanas con políticos de extrema derecha alemana e italiana y el gobierno ruso de Vladímir Putin. Según el juez, estos actores extranjeros estarían dispuestos a apoyar económicamente y militarmente la independencia de Cataluña, lo cual podría afectar la aplicación de la Ley de Amnistía preparada por el Congreso.

El juez Aguirre argumenta que esta conducta podría ser considerada un delito de traición, excluido de la Ley de Amnistía. El PSOE denuncia que la influencia de los jueces afecta la redacción de la Ley de Amnistía en el Congreso. Se hace referencia al caso del juez García-Castellón, quien después del pacto entre Junts y PSOE para amnistiar algunos delitos de terrorismo, afirmó que no se podía descartar el ánimo homicida en ciertos casos de las protestas de Cataluña de 2017.

Junts pide apartar o inhabilitar al juez García-Castellón, acusándolo de tener una agenda política en lugar de una judicial. El PSOE está negociando con Junts su enmienda para amnistiar todo tipo de terrorismo, a pesar de haber afirmado que no lo harían. La incógnita se resolverá en el Congreso cuando se vuelva a votar la norma y pase al Senado.

Durante una rueda de prensa, la portavoz socialista comparó las acciones de los CDR en 2017 con las protestas en Ferraz, y cuestionó si estas últimas podrían considerarse terrorismo. El PSOE niega cambios en su posición respecto a las enmiendas, pero deja abierta la posibilidad de nuevos cambios en el futuro.

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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha denunciado la injerencia de los jueces en casos relacionados con la Ley de Amnistía. Los miembros del partido político aseguran que los jueces actúan según los movimientos del poder legislativo, lo cual consideran preocupante. Esta denuncia se ha hecho en relación al caso del juez encargado del caso Volhov, quien ha afirmado que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tuvo relaciones cercanas con políticos de extrema derecha alemana e italiana, así como con el gobierno ruso de Vladímir Putin.

Según el juez, estos actores extranjeros podrían estar dispuestos a apoyar económicamente y militarmente la independencia de Cataluña, algo que podría afectar directamente a la aplicación de la Ley de Amnistía preparada por el Congreso. El juez Aguirre ha argumentado que esta conducta podría ser considerada un delito de traición, excluido de la Ley de Amnistía. Ante esta situación, el PSOE ha denunciado que la influencia de los jueces está afectando a la redacción de esta ley en el Congreso.

Otro caso que ha generado polémica es el del juez García-Castellón, quien tras el pacto entre el partido Junts y el PSOE para amnistiar algunos delitos de terrorismo, afirmó que no se podía descartar el ánimo homicida en ciertos casos de las protestas que tuvieron lugar en Cataluña en 2017. Ante estas afirmaciones, Junts ha pedido apartar o inhabilitar al juez García-Castellón, acusándolo de tener una agenda política en lugar de una judicial.

El PSOE, por su parte, está negociando con Junts una enmienda para amnistiar todo tipo de terrorismo, a pesar de haber afirmado previamente que no lo harían. La incógnita sobre la aprobación de esta enmienda se resolverá en el Congreso, cuando se vuelva a votar la norma y pase al Senado.

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Durante una rueda de prensa, la portavoz socialista comparó las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en 2017 con las protestas que tuvieron lugar en la sede del partido en Ferraz, cuestionando si estas últimas podrían considerarse terrorismo. Ante las críticas recibidas, el PSOE ha negado cambios en su posición respecto a las enmiendas, pero ha dejado abierta la posibilidad de realizar nuevos cambios en el futuro.