La buena gobernanza, la solidez de las instituciones y el acceso a la información son premisas necesarias para promover el desarrollo. Pero si el objetivo es una mayor prosperidad, el camino está lleno de obstáculos relacionados, originalmente, con la corrupción. Los países latinoamericanos enfrentan el gran desafío de prevenirlo y la búsqueda de soluciones está emergiendo como un aspecto central de las sociedades en plena transformación. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) analizó este jueves en Quito las claves para evitar las malas prácticas, que en más de un caso se han convertido en un problema estructural, y sentar las bases para fortalecer el bienestar de todos.

“Elementos fundamentales como la gobernanza, la transparencia y la integridad en la gestión pública son clave para lograr el desarrollo”, dijo el presidente ejecutivo de la organización, Luis Carranza, en la conferencia anual con la que CAF celebró medio siglo de actividad. La corrupción es un obstáculo para el crecimiento, apuntala la desigualdad y carga las aspiraciones de los ciudadanos, además de causar un colapso de la confianza entre los gobiernos y la sociedad. América Latina ha sufrido en los últimos tres años un golpe sin precedentes debido a las consecuencias del caso Odebrecht, la trama de sobornos millonarios pagados por la empresa constructora brasileña a los cambios en las concesiones que han provocado un terremoto político en toda la región.

Por esta razón, la prevención, como lo destacó el Vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, es esencial para cambiar el paradigma que, dijo, “comienza con la educación”. No existe una bala mágica para garantizar la integridad en el sector público, pero se pueden seguir las pautas. Fueron presentados por Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento de CAF, en el informe de la entidad sobre economía y desarrollo, que está compuesto por 19 países, 17 de América Latina, España y Portugal, y 13 bancos privados de la región. Para empezar, el diagnóstico ofrece algunos hechos sombríos. Por ejemplo, el 79% de los latinoamericanos desconfían de la justicia y creen que los jueces castigan las malas prácticas menos de lo necesario. El 30% de los ciudadanos “con menos tolerancia a la corrupción” prefieren trabajar en el sector público. Y más de un tercio de la población de América Latina, el 34%, no puede identificar tales actos o situaciones habituales de corrupción.

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Sanguinetti propuso cuatro pasos para contener el sangrado. Aplicar protocolos o reglas para aumentar el control en la función pública; mejorar los mecanismos para ingresar a la política y la Administración a través de la promoción de sistemas electorales “más competitivos y transparentes” o profesionalizando el servicio civil; apostando por la transparencia y la participación y supervisión ciudadana; y fortalecer la gobernanza de los intereses privados, ya que el Estado no es el único foco de corrupción.

Estas preguntas fomentaron la reflexión, en cuatro mesas diferentes, sobre algunos debates decisivos. Cómo recuperar la confianza perdida, por ejemplo, y pasar de una simple sanción, necesaria pero a menudo ineficaz, a una prevención efectiva. Cómo proteger el sector de la infraestructura de las irregularidades que los rodean casi constantemente. Cómo mejorar el acceso a la información, que ya está regulado en 16 países latinoamericanos, la transparencia de las instituciones y la gestión de datos privados. O cómo diferentes organizaciones, públicas y privadas, pueden fomentar una cultura de integridad.

Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Joel Hernández García, vicepresidente, también participaron en la conferencia de CAF, que contó con la colaboración de EL PAÍS. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).